Clase 1, Curso CLACSO: Introducción al estudio político del derecho constitucional.

Nota. En las próximas semanas escribiré mis notas de clase para el seminario virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) que dictaré sobre lucha política y estrategia constitucional. Las notas de esta entrega no están editadas, así que apreciaría sus comentarios sobre el particular. Esta es la entrega introductoria.

Para empezar este curso, se hace imperativo realizar una serie de precisiones sobre el derecho. En efecto, una definición política del derecho tiene dos vertientes: la primera lo considera como un reflejo de la organización del poder en una sociedad, y cómo ese poder está distribuido.

No obstante, una segunda interpretación lo sopesa como una instrumento estratégico para efectuar y promover cambios sociales. En América Latina el derecho adolece de ciertas deficiencias que distorcionan esta definición política. Por un lado, la debilidad institucional en la aplicación del derecho, tanto como instrumento estratégico, o como mecanismo de solución de conflictos entre la ciudadanía, las élites y entre ambas, deja mucho que desear.

Lo anterior radica en un hecho fundamental - ¿por qué los gobernantes cumplen y aplican la ley? La respuesta (corta, y más cínica) propone que el derecho es un mecanismo de coerción sobre las mayorías a disposición de las élites. Sin embargo, esta respuesta no aborda el por qué los gobernantes cumplen la ley - si la ley responde a sus intereses, ¿por qué acatar leyes que son contrarias a esos intereses? Una respuesta más general arguye que en efecto esas leyes responden, en un primer plano, a intereres de aquellas élites - sin embargo, el acatar leyes que no responden a intereses estrechos proporciona un mecanismo para pedir la cooperación de otros grupos en tiempos de quiebre. Dar la impresión de estar sometido a leyes que no son producto de su voluntad es un mecanismo a fin de propiciar la confianza entre partes en desacuerdo, y un primer paso para entablar un diálogo y solicitar cooperación en tiempos de crisis. Por eso, si existen distorciones en la formulación y la aplicación de este derecho político, sufre su utilización como medio para alcanzar objectivos más generales, asi como su institucionalización como armatoste orgánico de los poderes constituidos.

Así, Villegas correctamente identifica tres condiciones externas sobre el hecho jurídico-político en América Latina: la eficacia simbólica, el autoritarismo y el pluralismo jurídico. Por un lado, el derecho en nuestro continente asume una eficacia simbólica, donde su poder no se deriva de su capacidad de ejecución o aplicación, sino producto de su capacidad discursiva - así, al identificar el derecho político con una voluntad general (difusamente demarcada), deja de ser un mecanismo para ofrecer legitimidad a acciones posteriores (sean ya de hecho, o de derecho). Esta unidad inescindible entre ley y legitimidad (que descuenta la atención al mecanismo institucional-legal) hace irrelevante el pensar en términos de formas de democracia y de tipos legales.

He ahí una de las razones de la hipercentralidad del tema constitucional en la política - al entender el derecho como una herramienta al servicio de construcción del Estado, y su rol en el desarrollo de identidades nacionales, también se abrió la puerta al abuso a cargo de las élites criollas que quedaron a cargo tras el desmantelamiento de la colonia. Ese abuso dio rienda suelta al autoritarismo en la región.

Hay amplia evidencia sobre lo anterior: por ejemplo, una cita frecuente es el artículo 4 de la Constitución Francesa de 1793 respecto a la ley (y que será objeto de un tratamiento posterior). De esta definición se desprenden dos interpretaciones: la primera (normativa) donde se establece que la ley debe hacer lo que allí se expresa, y la segunda (descriptivo-fáctica de acuerdo a Villegas, pero que es mejor rotular como platónica), donde la ley es infalible ya que representa la otra cara de la justicia. Es evidente por qué la segunda interpretación se presta a una utilización más despiadada a cargo de quienes detenten el poder, y refleja una mutabilidad del Estado que cambia de papeles dependiendo de las circunstancias políticas.

Esto nos lleva al tercer punto, el pluralismo jurídico: la creencia en las normas de derecho como mecanismos (y no) depositarios de legitimidad ocasiona crecientes niveles de inflación legislativa, donde proliferan normas de distinto carácter, que en numerosos casos entran en conflicto - lo que en la colonia se conoció (y aún se conoce) como el “se acata pero no se cumple”.

En la colonia, esto tenía una razón de ser: Vista la extensión del territorio, la corona a regañadientes ofrecía flexibilidad a los gobiernos regionales de suspender la aplicación de una norma que ocasionase dificultades para las élites locales. A partir de esta práctica, el sistema legal dio a luz una normativa compleja y contradictoria, cuya aplicación al final de cuentas justifica una gran cantidad de prácticas legales y situaciones de hecho.

Para esta sección, vale la pena pensar en los siguientes términos:

 1. Dentro de la perspectiva de la teoría crítica del derecho (en Wolkmer, fuente que no fue mencionada con mayor detalle en estas notas), ¿cómo podemos entender el diseño del Estado?

Los estudios críticos del derecho se derivan del marxismo, que tiende a pesar más la movilización social como fuente última del poder político. Así, una vez organizado tal poder, existe poca discusión sobre los mecanismos más eficaces de ejercer ese poder (ya que se supone que tales poderes son meramente transitorios). Lo anterior contribuyó a una notable pobreza en ese sentido, que sólo dio rienda suelta mayores niveles de burocratización estatal y falta de representatividad democrática. No obstante, ¿acaso es posible pensar en mejores prácticas para el diseño del Estado en caso de que tal transición demore un poco más de lo esperado?

 2. ¿Acaso mayores niveles de democracia pueden mitigar los tres defectos mencionados anteriormente?

Por un lado, es claro que mayor democracia, implica menor autoritarismo. No obstante, ¿acaso una participación masiva de la ciudadanía aumentaría el atractivo de la eficacia simbólica del derecho? Asimismo, ¿una mayor diferenciación social (ya fuese a nivel de desigualdad social, étnica o cultural) crearía presiones negativas hacia un mayor pluralismo jurídico? ¿Cuáles serían este tipo de presiones negativas y sus contrapartes a nivel positivo?

 
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Clase 10, Curso CLACSO: Las reformas constitucionales como estrategia política y política cultural: El caso de Bolivia.

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