Clase 10, Curso CLACSO: Las reformas constitucionales como estrategia política y política cultural: El caso de Bolivia.

Nota. En las próximas semanas escribiré mis notas de clase para el seminario virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) que dictaré sobre lucha política y estrategia constitucional. Las notas de esta entrega no están editadas, así que apreciaría sus comentarios sobre el particular. Esta es la décima clase.

Tras la aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1989 se dinamiza el interés por la protección de los derechos de la minorías indígenas, especialmente en América Latina. Producto de cientos de años de explotación, la creación de regímenes especiales para garantizar sus derechos constituyó una preocupación central para numerosos movimientos sociales que buscaron frenar los procesos de homogeneización cultural que hacían del mundo más “plano” - para usar una caracterización de un famoso comentarista estadounidense de la década de los noventas. Así, surge la idea del multiculturalismo como un proceso de resistencia ante los embates de la globalización económica.

De acuerdo a Kymlicka, uno de los pensadores más influyentes en este tema, el énfasis los derechos de las minorías surge a raíz de ciertas dinámicas subyacentes al proceso de globalización económica: el primer factor lo constituye la caída de los regímenes comunistas en Europa del Este, que hasta ese momento acobijaban grupos étnicos dispares en la concentración de riqueza y fortaleza demográfica, y que bajo instituciones políticas débiles, sufrieron (y aún continúan sufriendo) vejaciones – por ejemplo, los Roma en Europa del Este.

Asimismo, la globalización económica trajo consigo mayor apertura en materia de inmigración, y del papel de estas comunidades de inmigrantes en sus países receptores. También, la creciente organización y mobilización indígena como una fuerza política, especialmente en América Latina (y particularmente en Ecuador y Bolivia) se inserta formalmente en el torneo electoral de estos países. Finalmente, las presiones centrípetas de la globalización dan lugar a presiones nacionalistas centrífugas, especialmente hoy cuando sub-regiones de varios países en recesión optan por no continuar subsidios a metrópolis de las cuales no derivan mayores beneficios (como Escocia en el Reino Unido, Cataluña en España y controversialmente, la media luna de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija en Bolivia).

Esta concepción multicultural de derechos critica la protección de derechos desde el punto de vista liberal. En efecto, uno de los pilares fundamentales del derecho constitucional clásico es precisamente la protección de las minorías de las injerencias del poder estatal. En el derecho constitucional clásico tal protección reside en el ejercicio de los derechos individuales respecto al poder público (y respecto al poder de terceros). En cambio, una interpretación multiculturalista apuesta al regreso a la comunidad, donde el ejercicio de tales garantías se desprenden, no como titular de derechos individuales, sino como miembro de una comunidad en la cual el ejercicio de tales derechos tiene sentido, y merece protección. En efecto, tal perspectiva parte que el reconocimiento se desprende de la adhesión voluntaria a tal comunidad.

Antes de proseguir respecto al caso boliviano, creo importante realizar dos precisiones sobre la disyuntiva entre el reconocimiento de los derechos multiculturales y la versión Madisoniana sobre libertad individual. Por un lado, la visión Madisioniana clásica (que aparece en Federalista No. 10) cuelga de la canalización de la fraccionalización política para diluir el poder de aquellas a través de reglas de competencia entre poderes y órganos. El proceso de competencia entre el poder de las distintas facciones, en medio de una catálogo de derechos negativos, mantiene la diversidad y la igualdad cultural… en teoría. En cambio, la visión multicultural utiliza los fines del Estado para garantizar tal diversidad e igualdad.

Este último acápite levanta suspicacias, incluso entre teóricos críticos como Habermas: De acuerdo a Habermas, ¿por qué proteger a una cultura artificialmente ya que por definición toda cultura sobrevive si convence continuamente a sus miembros? En efecto, una tutela estatal no ofrece garantías porque recae precisamente en cómo se ejerce tal tutela, pero creo que Habermas es un poco cínico respecto al rol del Estado en la reproducción de las variedades culturales en Occidente. Dudo mucho que la nación inglesa, sin un Estado de por medio, hubiese durado como tanto amalgamada en el Reino Unido – incluso hoy vemos que el Estado (a través del debate entorno a la utilización de la libra en Escocia) hoy le impone un importante reto a esa región al pedir su separación (ya que se debate si Escocia, al optar en estar fuera del Reino Unido, debería continuar con la libra).

Tras décadas de racismo sistemático, el péndulo social se mueve hacia la consecución de coaliciones de minorías que actúan como fuerzas mayoritarias. En efecto, ese caso lo vemos en Bolivia con claridad.

En Bolivia, entre 60 y 80% de la población se auto-identifica como indígena, entre 38 naciones originarias (36 reconocidas constitucionalmente a nivel lingüistico). Vistas individualmente, el poder de estas minorías era poco, pero enmarcadas dentro de una década de movilizaciones que cambiaron el andamiaje constitucional del Estado desde que forzaron la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2003, tal participación cambió radicalmente la configuración política del país y llevaron a Evo Morales a la Presidencia cuatro años después.

Sin embargo, no fue la escogencia de Morales lo que dramáticamente cambió la dinámica polítca – más bien fue la combinación de una estrategia política organizada desde los movimientos sociales y con dirección gubernamental en considerar al país como multicultural y plurinacional – al otorgar una lectura constitucional, siquiera símbolica y declarativa, de las naciones bolivianas, ese multiculturalismo dotó de fuerza al empuje constituyente que se consagró en la Carta Magna del 2009.

Los críticos al gobierno de Morales, como Lazarte Rojas, consideran la combinación de esta estrategia política con el accionar constitucional, en su mayoría, como una confusión entre el reconocimiento de derechos multiculturales y su forma política. No obstante, una lectura serena de los acontecimientos apunta que lo que Lazarte Rojas considera como una confusión fue más bien una acción deliberada, una estrategia para movilizar a las comunidades a partir del reconocimiento de estos derechos para un fin político práctico, y que tuvo varias pruebas – la primera durante el intenso debate constitucional y las crisis subsiguientes (como ocurrió con el referendo revocatorio del 2008) y la elección del 2009.

Morales demostrò ser un político hábil. La movilización mayoritaria de los grupos indígenas paralela a la radicalización de sus opositores en la media luna le dio amplio margen de maniobra para no declarar un estado de emergencia, y negociar desde el poder a reformas políticas en el proyecto de constitución que fue aprobado con una mayoría del 61%. No obstante, la consecución de ese poder para esta coalición de minorías indígenas renegó algunos aspectos positivo del Estado de derecho tradicional - su énfasis en derechos individuales e instituciones legales, y su carácter repúblicano fueron marginados al ofrecer mayor representación a las poblaciones indígenas y una expansión de la órbita del ejercicio del poder público que sirviese de garante para su accionar. En efecto, la experiencia boliviana en el manejo de serios quiebres sociales debe ser motivo de reflexión más profunda, ya que demuestra una extraña mezcla de pragmatismo e ideología, algo muy difícil de encontrar en la región.

Sin duda, la (ahora minoritaria) porción del país que no se auto-identificaba como indígena reaccionaría políticamente, tal como ocurrió en la media luna boliviana, y en los amagues de separatismo que ocurrieron entre 2006 y 2009. Eventualmente se negoció una solución a fin de mantener tales prerrogativas políticas para los indígenas a cambio de mayor decisión en la inversión de recursos generados de la explotación del gas en esas regiones (a partir de una distribución equitativa de los recursos generados por el impuesto directo a los hidrocarburos), pero los quiebres persisten – en la medida que disminuyan los precios de tales exportaciones, es obvio que ebullirán fricciones que hoy se cuecen a fuego lento.

Algunas preguntas para discusión son:

 1. ¿Acaso es posible organizar un Estado que otorga una protección de minorías en un ambiente multicultural sin que la organización sea federal?

Este fue quizás un gran debate en Bolivia, y en parte canaliza la preocupación de Mariátegui sobre el particular y a veces el discurso de las partes involucradas tenía ecos de la Argentina de Facundo, Rosas y Sarmiento.

Si bien a Mariátegui no le importaba mucho el debate entre centralistas y federalistas, él planteó con mucha certeza que lo óptimo sería la organización del Estado alrededor de las posibilidades productivas del país, dadas por sus recursos y geografía, y teniendo en cuenta las taras institucionales a nivel latinoamericano – entre la cual destacaba la cuestión indígena respecto a la tenencia de tierra. Dicho lo anterior, Mariátegui se mostraba proclive a una descentralizacion pero sólo tras haber superado esas cuestiones. Así, en Bolivia la estrategia constitucional tuvo un importante componente económico: la nacionalización de los hidrocarburos fue una de las primeras políticas realizada por Morales, y el tema agrario, si bien más tímido, tuvo importantes desarrollos durante el gobierno de Morales en aras de profundizar el proceso de reforma agraria de 1953 (para una explicación más detallada ver Fornillo, 2012). No obstante, un conflicto geográfico que sigue sin solucinar es la salida al mar - cuando Chile ganó la Guerra del Pacífico en 1883 tomó posesión del litoral boliviano, y este tema genera discordias episódicas entre ambos países – en efecto, la salida de González de Lozada en el 2002 fue producto de un plan de transportar hidrocarburos a través de Chile hacia el mar.

Concretamente, el debate boliviano se decantó entre quienes plantearon un Ejecutivo fuerte y unitario (el gobierno) y los federalistas de la media luna – inicialmente Morales se inclinaba al federalismo, pero al asumir al poder cambió de posición. Tras estas posiciones existían intereses respecto al uso y disfrute de los recursos del gas, y la estructura de tenencia de tierra – que bajo un Ejecutivo fuerte sería sujeta de mayor regulación y redistribución. Sin embargo, tal como ocurre en Bolivia, la presencia de un Ejecutivo fuerte no es garantía permanente de que se respeten los derechos de las minorías indígenas, tal como ocurre en el caso de la carretera a través del Parque Nacional Isidoro Sécure. En el área habitan tres etnias indígenas, y tras procesos de negociación, una mayoría de los residentes (en si mayoría indígenas) aprobó el proyecto a través de la utilización de coaliciones mayoritarias para desarmar la oposición (que también es en su mayoría indígenas). Esa es una de las debilidades del multiculturalismo amparado por el poder estatal – siempre está sujeto al vaivén y la estrategia coyuntural que se organiza desde el poder, tenga o no fines democráticos – no obstante, el factor que cataliza el conflicto siempre es cómo incluir a quienes pierden en estos plebiscitos, y por ahora el gobierno de Morales ha mostrado gran destreza en realizar estas cooptaciones y con ello fortalecerse.

 2. Acaso el multiculturalismo es más una estrategia constitucional que una teoría de organización funcional?

Esta es una interrogante central – no se plantea que el multiculturalismo sea una idea vacía, sino que sus efectos sólo son reales en la medida que se basen en movimientos sociale que le otorguen poder y rango de ejecución.

 
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