Clase 9, Curso CLACSO: Las olas constitucionales en América Latina a finales del Siglo XX y a principios del Siglo XXI.

Nota. En las próximas semanas escribiré mis notas de clase para el seminario virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) que dictaré sobre lucha política y estrategia constitucional. Las notas de esta entrega no están editadas, así que apreciaría sus comentarios sobre el particular. Esta es la novena clase.

La última ola de cambios constitucionales en América Latina comenzó en 1978 con la tercera ola democratizadora, que gradualmente cimentó regímenes electos a lo largo y ancho del continente. Desde entonces y hasta la fecha, 16 países (salvo Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay) han re-escrito sus Constituciones totalmente, con sustanciales reformas (en promedio 8 reformas por Constitución).

A primera vista, tales reformas pueden parece excesivas - en efecto, y a pesar del famoso dictado de Jefferson en la Declaración de Independencia de EEUU donde escribe que “la prudencia … dicta que los gobiernos establecidos no se varien por causas ligeras y transeúntes,” lo cierto es que tales reformas, vistas en un contexto más general, están cerca del promedio europeo - tal como sugiere Nolte. Sin embargo, lo que debe ser motivo de cuidadoso repaso y atención son los orígenes y consecuencias de tales reformas constitucionales (ya sean totales o parciales) para la calidad de las instituciones y el ejercicio democrático.

Asimismo, no todas las reformas que ocurrieron pueden ser consideradas como parte de una misma realidad: por ejemplo, quienes con osadía propones una cuarta ola constitucionalista, distinta a la tercera ola que buscó renormalizar el ejercicio democrático en medio de las tribulaciones económicas de las ochentas. Esta cuarta ola “rosa” que arrasó América Latina tuvo su origen en la crisis asiática y rusa de 1997, y desaceleró el rebote de la región tras esa década. Con la fuga de capitales, el desempleo y los repuntes en los índices de pobreza, los votantes decidieron romper con la austeridad y el libremercado selectivo de los gobiernos, y con ello exigir un nuevo rumbo político.

Así, en 1998 el primero de estos gobernantes, Hugo Chávez, llega al poder en Venezuela con el apoyo de la clase media. Chávez rompe con el puntofijismo bipartidista, que alternaba el poder político entre los adecos y los copeyanos, y se apoya en la redacción de la Constitución de 1999. Tras su victoria, siguieron Ricardo Lagos en Chile (el primer socialista en liderar la Concertación) y, poco después, Lula da Silva en Brasil en 2002. Para 2009, 17 de los 20 países de la región reconocían gobiernos izquierdistas, y en un grupo de tales países existían presiones importantes para reformar el andiamiaje constitucional - en efecto, tras esa sección exploremos dos casos, el de Bolivia y Ecuador.

Gargarella correctamente reconoce que las primera constituciones fueron resultado del pacto entre liberales y conservadores, que a pesar de sus profundas diferencias en materia de los catálogos substantivos en tales constituciones, y tras guerras episódicas, mantenían una visión restringida del ejercicio de tales derechos. La combinación de tales intereses originó un híbrido donde se incluyeron contrapesos débiles (ideas de los liberales) alrededor de un Ejecutivo fuerte encargado de proteger el orden social. Sin embargo, Gargarella erra al considerar que tales contrapesos tuvieron un propósito elitista - más bien, tales contrapesos dieron ese resultado porque el liberalismo (y el conservadurismo) entronizaron a las mismas élites en todos los estamentos del poder. Un verdadero sistema de contrapesos, para que funcione, debe dividir el poder entre distintas elites y hacer que sus diferencias se resuelvan institucionalmente - ese fue un sueño de la región ya que estos pactos no generaron una cohabitación entre distintas élites, y sólo motivaron un sin-numero de conflictos civiles para el control absoluto del Estado - y eso lo vemos hoy en la reformas constitucionales que se suceden tras 1978.

La sobrevivencia de estas constituciones se decanta en varios factores. De acuerdo a Nolte, una constitución tiene más posibilidades de perdurar como una restricción efectiva al poder si existe un parlamento bicameral, un sistema electoral de mayorías calificadas y la existencia de un tribunal constitucional. Por un lado, una constitución aumenta sus posibilidades de reforma si existe, si quiera levemente, la posibilidad de la reelección presidencial.

A nivel general, Gargarella identifica que las nuevas constituciones continúan siendo elitistas, a pesar de los movimientos progresistas detrás de ellas. Tal análisis lo sustenta en la estructura de tales reformas, que a nivel substancial considera pobres, y que en su mayoría expanden el poder del Ejecutivo.

Negretto ofrece una visión más balanceada que Gargarella: Por un lado, Negretto reconoce que las reformas y nuevas constituciones aumentan la democracia participativa, y profundizan las reglas electorales multipartidista, personalizan el voto, hacen la elección del Presidente (y en menor escala, la de diputados) más inclusiva, y ofrecen más control de ministros, pero paralelo a la expansión del poder del Presidente, que se convierte en la variable que empuja la dirección política del andamiaje estatal (en vez de tener a la Asamblea como el órgano político). Conjugado a amplios poderes legislativos a cargo del Ejecutivo, entonces entramos en el terreno de un hiperpresidencialismo y un ciclo político de reformas donde los incentivos se decantan en dos:

 Por un lado, el gobierno utiliza la estrategia constitucional desde el poder para mejorar su imagen frente al electorado, y con ello incluir y expandir derechos programáticos (sin pensar mucho en cómo fortalecer la institucionalidad orgánica para hacer efectivos tales derechos),

 Y por el otro, para justificar su caso ante la opinión pública para re-distribuir recursos.

Que Gargarella responsabiliza como quizás el único poder que puede hacerle frente a los grupos de interés, ya sean burocráticos o elitistas en la región. El catálogo de Uprimmy es exhaustivo (él identifica nueve factores en estas constituciones post-1978), pero lo enmarca en lo que denomina un constitucionalismo aspiracional. El presenta un cuadro que abrevia muy bien las tres concepciones constituconales en la panorámica histórica y contemporánea de la región:

Participación débil Participación fuerte
Reconocimiento débil conservadurismo (1) radicalismo (3)
Reconocimiento fuerte liberalismo (2) ??? (4)

La primera línea de la tabla presenta sí el contexto de participación y movilización es débil o vigorosa, y la primera columna es sobre si el reconocimiento institucional de los derechos y libertades de tales individuos ocurre de la misma forma.

Algunas preguntas:

 ¿Acaso el hiperpresidencialismo es la única alternativa para romper estructuras institucionales osificadas?

Entramos en una contradicción al buscar maneras de romper con tales sistemas de élites a través de un sistema monocrático de poder, que al final engendra nuevas élites cerca del poder Ejecutivo. ¿Cómo podemos pensar en un presidencialismo con poderes efectivos para tales fines pero restringido para utilizar el poder en la perpetuación de sus intereses?

 ¿Usando el cuadro de Uprimmy, cuál ha sido la trayectoria de la historia latinoamericana?

La respuesta más fácil sería identificar el período conservador como el inicio y partir de allí, hasta llegar al período liberal (1… 2… 3). Sin embargo, ¿cuáles son las perspectivas a futuro? Por un lado, podemos ver que esa cuarta ola decantó (1) y (2) en (3), pero ¿acaso la tipificación de estos regímenes dotados de débil institucionalidad y fuerte participación es la correcta, especialmente bajo una tutela hiperpresidencialista? ¿Acaso es dable suponer que tal tutela es por definición débil, a nivel de las reglas del juego (una manera de entender eso es que las reglas del juego democrático son fuertes si dependen del consenso de muchos - pero ¿qué pasa si dependen de la voluntad del Ejecutivo?)

 
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